A través del documento "Sobrepoblación carcelaria en contexto de pandemia", el colegio que nuclea a los jueces y funcionarios del Poder Judicial bonaerense expresó "su rechazo a la injerencia debida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales".

El texto fue difundido en medio de una creciente ola de manifestaciones contrarias a otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a privados de su libertad que cumplen condenas en el Sistema Penitenciario Bonaerense en el contexto de la cuarentena por el coronavirus. "Las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso", indica el texto.

Más adelante señala: "las cárceles en la Provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de la libertad" y que ese "desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales (…) Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos políticas públicas, no edificamos cárceles ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes".

Ya sobre el final del texto, los magistrados y funcionarios ponen el acento en la necesidad de "asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables a fines de optimizar la protección de la ciudadanía".

Consultado al respecto, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales local, comentó: "Lo cierto es que en el Complejo Penitenciario de Campana no se percibe ni cerca la liberación en masa de la que hablan los medios. Si bien –según las cifras extraoficiales- en las Unidades Carcelarias locales se habría producido alguna que otra medida, muchas de ellas nada tienen que ver con el Covid 19".

"En este Departamento Judicial –agregó el fiscal Christian Fabio- se viene trabajando en la cuestión de superpoblación carcelaria desde hace mucho tiempo gracias al compromiso y el trabajo arduo de los Magistrados y Funcionarios. Cada pedido de morigeradora a la prisión preventiva efectuado ya sea por los abogados defensores, como así también por los detenidos es analizado caso por caso por el Juez interviniente y seguidamente frente a esa decisión de los Magistrados los Fiscales somos quienes en representación de la sociedad debemos utilizar alguna herramienta en contrario si el caso lo amerita. Como se sabe, en las cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses hay unos 41 mil detenidos para sólo 21 plazas. En virtud de las políticas criminales puestas en marcha, últimamente, la población carcelaria se ha ido incrementando a razón de 4 mil reclusos más por año. Dicho incremento no ha hecho otra cosa más que agravar las condiciones de detención".