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Vía http://www.laautenticadefensa.net - Edición del 14/abr/2019





Silvina Cotignola

Al margen de la legislación vigente, la inclusión educativa de esta población, sigue dependiendo muchas veces de la presión ejercida por los padres tanto para la admisión, como así también en relación a la cobertura por parte de los efectores sanitarios.

Uno de los temas más conflictivos en materia de discapacidad es la inclusión educativa de niños y adolescentes con diversas disfuncionalidades. El panorama en este campo a nivel nacional no es el más alentador. Con alarmante frecuencia, siguen repitiéndose las historias que afectan tanto a esta población así como a sus familias, por las recurrentes negativas de admisión por parte de establecimientos escolares de la educación privada básicamente, haya o no apoyo de un docente integrador. También es importante aclarar que, según se ha descripto en estas páginas semanas atrás, Campana estaría trabajando muy bien el tema desde la educación pública con un alto grado de inclusión.

"Ley Nacional de Educación" establece la "Educación Inclusiva a lo largo de todo el Territorio Nacional. Sin perjuicio a lo preceptuado en la manda normativa, los padres de estos niños y adolescentes, son los que deben enfrentarse a tal problemática al momento del hallazgo de una institución para sus hijos, poniendo todo el esfuerzo, no tanto en la elección de la misma en base a la propuesta académica, sino a la conducta que dicho establecimiento asume frente a la mentada "integración".

Efectivamente, la legislación vigente prevé la existencia de la aludida Educación Inclusiva en el ámbito nacional. Pero resulta necesario establecer, para poder tener una clara noción, de lo que se está hablando cuando se habla de "inclusión".

Es importante recordar algunos precedentes, de los cuales echar mano para comprender esta temática. En el año 1994 a través de la "Declaración de Salamanca" se convocó a los gobiernos a adoptar, como cuestión legal y/o política, este principio, el de la "Educación Inclusiva". De manera concomitante, debemos recordar que la educación, es un derecho que se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, Art. 14, contemplado de igual modo, por diversos instrumentos internacionales, a los que la argentina adhirió y suscribió. Consecuentemente, ampliando dicha garantía, avanzando ergo en la relación "Discapacidad y Educación", nuestra ponderada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas aprobada y ratificada por nuestro estado mediante la sanción de la Ley 26.378/2008 y habiéndole otorgado incluso jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044/2014, por imperio del Art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, obligó a todos los Estados signatarios por medio de su Art. 24 a garantizar una serie de derechos que invito a consultar y tenerlos presente.

A nadie deberá sorprender, que la Educación Inclusiva presupone la existencia de diversas variables: historias de vidas diferentes (personal, contexto social y familiar); diferentes puntos de partida en la construcción de los aprendizajes; distintos ritmos de aprendizajes (relaciones vinculares interpersonales al "otro" con su singularidad, eliminando miradas que se establecen a través de parámetros que lleguen a subestimar). Por tanto, en ella, se parte del respeto por la singularidad de otro (el alumno) reconociendo las diferencias y en consecuencia valorarlas, fortaleciendo de ese modo, las áreas necesarias para el desarrollo de los apoyos diseñados a medida de cada persona.

No obstante la existencia de semejante cimiento legislativo, tanto en el orden nacional como internacional, la Educación Inclusiva, sigue resultando por lo menos, bastante dificultosa cuando no de cumplimiento imposible. Las causas son múltiples todavía: falta de bacantes, ausencia de personal especializado, carencias edilicias en materia de accesibilidad, etcétera. Así las cosas, la inclusión educativa de esta población muchas veces sigue siendo la resultante de la presión ejercida por sus padres tanto para la admisión como así también en relación a la cobertura por parte de los efectores sanitarios. Así pues, en la Ley 24.901 coloca en la cabeza de los agentes del seguro de salud, la cobertura de la Educación con integración. Ello no obstante la divergencia reinante en tal sentido.

Finalmente, si el final de la película no fue feliz, no hay que desanimarse pues existen vías administrativas y judiciales para hacer tangible este derecho legítimamente consagrado por las distintas normativas. Por todo ello, vuelvo a invitarlos a "Ejercer los Derechos porque su Ejercicio no Constituye meros Privilegios".

Dra. Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com


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