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Vía http://www.laautenticadefensa.net - Edición del 10/oct/2018




Julio N. Carreras

La irreverente resolución emanada del gobierno sobre la aplicación de una actualización a las facturas de gas abonadas durante los últimos meses, implica la mayor determinación al mundo económico de la falta de credibilidad del país para futuras inversiones, pues se está gritando a los cuatro vientos: "en Argentina no hay seguridad jurídica".

¿Quién va a venir a invertir en el aparato productivo de un país que no respeta los derechos adquiridos ni los derechos constitucionales?

Si se quisieran hacer mal las cosas y mandar falsos mensajes, no se necesita que hable la oposición: basta con recurrir a las fantasías de quien sabe qué asesor económico que, pensando bien, quiso arreglar el problema de una empresa, no encontrando mejor camino que recurrir, con una total falta de análisis del contexto, a emitir una resolución en contra de los intereses de los usuarios que han cumplido en tiempo y forma con los pagos de los servicios según lo facturado por la empresa prestataria, y con su total consentimiento en el precio pactado.

¿Qué me diría el gestor de esta medida si mañana lo llaman de la concesionaria a la cual le compró y pagó su vehículo, pidiéndole pague un reajuste porque se habían equivocado en sacar los costos del vehículo que le habían vendido?

O mejor: un contratista de la empresa de gas, ganó la licitación de un trabajo. Se lo adjudican, lo hace, tarda los seis meses pactados para hacerlo, lo cobra a los treinta días de terminado; y sucede que los insumos de materiales en dólares le subieron el 50%. Usted, lector ¿cree que la empresa se lo va a reconocer y le va a abonar más que lo licitado?

Estamos tan saturados por los dirigentes y los medios hablando de economía que voy a tratar de definir este tema por las acciones y dichos de los políticos, tan identificados con esta modalidad de su propia jerga económica. Para eso utilizaré solo dos palabras para definir no ya la economía, sino el accionar político en función de gobierno.

Cuando el deudor declara su default, está informando que no dispone de liquidez para asumir su deuda, sin que esto signifique que está en una situación de quiebra. O sea que el deudor no dispone de dinero para entregar al acreedor, pero tiene activos (capital). De esta manera, el default es una suspensión temporal de los pagos, a diferencia de la quiebra que implica una situación irreversible.

Haciendo un parangón con la economía y usando las mismas dos palabras con los políticos: ¿Qué cree usted que les está pasando a los políticos administradores de la cosa pública? De acuerdo a los últimos sucesos descriptos y por su accionar ¿Están en default o en quiebra?


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