El Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) comenzó a discutir el pasado miércoles el paquete de proyectos con el que el Gobierno quiere modificar el Código de Planeamiento Urbano.

Como lo explicó La Auténtica Defensa en su edición del día jueves, la mayoría de las entidades de la sociedad civil integrantes del CUA solicitaron un plazo mayor para expresar su posición. No obstante, en el primer debate asomaron los principales cuestionamiento a las diversas iniciativas. Y la construcción de edificios de más altura no fue la excepción.

El proyecto más polémico de todos fue el último en ponerse en consideración. El Colegio de Arquitectos, que ya había hecho pública su postura con una solicitada publicada en este medio, presentó severas críticas al nuevo reglamento, que entre otras cosas le permite a los desarrolladores enrasar la altura de su unidad con la de cualquier edificio próximo.

"Si se aprobara tendríamos que pedir perdón a dos mil años de urbanismo. No existe (como argumento) eso de que si el de al lado pudo, yo también", sostuvo Jorge Bader, uno de los representantes de la entidad.

El Gobierno aseguró que la posibilidad de hacer más pisos estará sujeta al "estudio particular" de cada obra. Además, que el espíritu del proyecto es premiar al que "mejor uso" haga del espacio disponible, dando la oportunidad de aprovechar la cuota de densidad poblacional libre que hoy, por las restricciones existentes, suele quedar vacante.

De acuerdo a la directora general de Planeamiento, Obras Particulares y Catastro, Mariela Heise -que el miércoles ofició de presidenta del CUA-, hay una fuerte demanda de constructores para habilitar mayores alturas en cuatro zonas del casco urbano. El proyecto persigue entonces "no liberar la altura sino poder evaluar las condiciones" de cada uno.

El titular del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses, añadió una fundamentación económica: para el Estado es más barato abastecer de servicios a unidades departamentales levantadas en el centro que a nuevas viviendas en los confines del partido. "En una ciudad con un deficit habitacional notorio, debemos aprovechar la infraestructura y, en el lugar donde haya, la altura. Me parece racional", expresó.

Pero los arquitectos no cedieron. En nombre del gremio, Federico Cione señaló que debe tomarse en cuenta un "criterio urbano más completo" para decidir un cambio de esta magnitud. Puso como ejemplo la necesidad de justificar por qué se van a permitir edificios más altos en las zonas escogidas y no en otras.

En ese sentido, Bader subrayó que "se debe dar un plan maestro que establezca gradientes de permisos" claros y parejos. En cambio, el proyecto oficial "responde a una direccionalidad" concreta, sostuvo.

La política opositora también embistió contra la normativa. Axel Cantlon (UV Más Campana) coincidió con Bader en que tiene "una clara intención particular" detrás y opinó que de aprobarse el Municipio -en la persona del secretario de Obras Públicas- tendría la "discrecionalidad" de autorizar o no más pisos según el empresario que se trate. Por su parte, la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) aseveró que su bloque elevó un pedido de informe para conocer qué empresas o constructores habían solicitado más límite de altura para sus emprendimientos, pedido -afirmó- que nunca le fue respondido.