Mientras se aguarda la comisión plenaria donde se comenzarán a discutir los proyectos vinculados a modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental -se pospuso para hoy al mediodía-, comienzan a aparecer las primeras discrepancias entre oficialismo y oposición alrededor de excepciones de zonificación para determinadas empresas y comercios.

La iniciativa surge del expediente Nº 17661 que busca desafectar como "zonas no aptas" a las áreas urbanas donde se sitúan una serie 36 entidades privadas especificadas en el anexo del proyecto.

En los fundamentos de la normativa, se aclara que "las instalaciones operativas y edilicias son preexistentes" al código que las prohíbe y que sus propietarios han manifestado que es "imposible" su traslado por "razones económicas y operativas".

Al mismo tiempo, se señala que son todas de primera y segunda categoría, estando en la órbita del poder municipal expedirles su correspondiente Certificado de Actitud Ambiental, documento que estaría trabado por la vigencia del Código de Ordenamiento actual.

"Se trata de darle la legitimidad para empezar a exigirles (los correspondientes requisitos y pagos)", sostuvo ayer la concejal de Cambiemos Romina Buzzini en diálogo con La Auténtica Defensa.

La edil remarcó además que las excepciones se conceden solo a la empresa identificada en el cuerpo de la ordenanza. En efecto, el artículo 2 establece que si la empresa beneficiada modifica su actividad o cese de forma parcial o total, el sector en el que se encuentra volverá a la zonificación original.

Además, determina que no podrá modificar su rubro, incrementar el volumen de sus procesos productivos o su superficie, efectuar ampliaciones ni aumentar la capacidad instalada.

Asimismo, deberá mantener "las mismas condiciones" con la cuales fue categorizada y "actuar de formar tal de no constituir riesgo o molestia a la seguridad, a población, no ocasionar daño alguno a los bienes materiales o al medioambiente".

"Es a la vez productivo y contribuye a ordenar la ciudad", señaló Buzzini.

En el listado aparecen metalúrgicas, talleres, tornerías, logísticas, panaderías y hasta una fábrica de ladrillos, entre otras. Todas "empresas históricas que los vecinos conocen", de acuerdo a Buzzini.

Sin embargo, desde las bancadas disidentes manifestaron dudas acerca de la confección de esta lista. "Vamos a pedir una revisión para determinar cuáles son las empresas que pidieron su habilitación definitiva y que por la normativa vigente no la pueden obtener", adelantó el concejal Marco Colella (FR).

"Comparto el fondo de la ordenanza, pero hay que ver por qué el proyecto solo incluye a estas empresas", insistió.

En consonancia, la concejal del PJ-Unidad Ciudadana Romina Carrizo consideró que la lista de excepciones "debería darse de una manera más democrática y abierta al público, para ver si existen otras empresas además de las que enumera la ordenanza".

"No sabemos cómo se hizo el relevamiento y nos gustaría saberlo", expresó.

Para hoy se esperan las presentaciones de funcionarios de las carteras de Obras Públicas y Medioambiente. Más allá de las fundamentaciones técnicas, deberán demostrar cintura política para saldar las dudas de la oposición, ya en control de la mayoría en el Concejo Deliberante.